Las unidades de inteligencia y el Bloque de Seguridad trabajaron en conjunto para localizar a los sospechosos. 

Cuatro sujetos presuntamente vinculados al ataque contra la jueza María Belén Chérrez han sido detenidos por la Policía Nacional de Ecuador. 

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Los arrestos se llevaron a cabo el 18 de enero, resultado de una serie de operativos en la provincia de Santa Elena, los cuales fueron anunciados en una rueda de prensa el 19 de enero por el coronel Jorge Hadaty.

Uno de los detenidos fue identificado gracias a las prendas que utilizaba durante el ataque, y proporcionó información sobre la ubicación de otro implicado, donde se halló una de las armas utilizadas y otras prendas relacionadas con el crimen. También se encontraron dos motocicletas, una de ellas reportada como robada.

Hadaty subrayó que toda la información recopilada fue  entregada a la Fiscalía para continuar con la investigación, la cual busca identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque. La indagación se mantiene bajo reserva en este momento.

La jueza Chérrez fue atacada a tiros el 17 de enero mientras conducía por el barrio 10 de Agosto en La Libertad, siendo interceptada por tres hombres en moto que dispararon al menos siete veces. La magistrada fue trasladada a un hospital de Santa Elena y posteriormente a Guayaquil en un helicóptero aeropolicial para recibir atención médica.

Como respuesta a este incidente, el Consejo de la Judicatura ha suspendido temporalmente las actividades y audiencias en la unidad penal de La Libertad, permitiendo solo atención presencial en áreas específicas hasta el 21 de enero.

Además, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces condenó el ataque y solicitó al gobierno el refuerzo de los sistemas de protección para los funcionarios judiciales.

En 2023, Ecuador se posicionó como la nación con el índice más elevado de homicidios en Suramérica, registrando 47.2 por cada 100.000 habitantes, ocho veces superior al de 2016.

Tras esa onda de delincuencia se encuentran grupos organizados enfocados principalmente en el tráfico de drogas, los secuestros y la extorsión, que constantemente ponen en peligro a autoridades locales como políticos, fiscales y jueces que se oponen o examinan sus acciones.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró al país en un «conflicto armado interno» contra el crimen organizado, y estableció una serie de estados de excepción para movilizar a las Fuerzas Armadas en operaciones contra las bandas delictivas y en las prisiones, con el objetivo de quitarles el control que poseían en las prisiones más grandes de Ecuador.

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